Un mandato cuestionado
Gustavo Petro, presidente de Colombia durante los últimos cuatro años, concluye su mandato dejando un panorama complicado, caracterizado por el aumento de escándalos de corrupción y la expansión de grupos armados en el país. Petro asumió el cargo en 2022 con la promesa de un cambio profundo en la política colombiana, buscando una gobernanza más transparente y una solución al conflicto armado mediante su propuesta de «Paz Total». Sin embargo, al dejar el Palacio de Nariño, su legado es muy diferente al ideal que lo llevó al poder.
Escándalos de corrupción
Desde el inicio de su administración, se han destapado múltiples casos de corrupción. Uno de los más destacados fue el desvío de fondos por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) en 2024, destinado a la compra de votos en el Congreso. Este escándalo inicial ha sido seguido por otros que involucran a personas cercanas a Petro, lo que ha empañado su imagen.
Entre las acusaciones se encuentran a Verónica Alcocer, su ex esposa y actual Primera Dama, quien ha sido señalada por gastos exorbitantes. Asimismo, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, dos jóvenes cercanas al presidente, son acusadas de beneficiarse de su relación con él para obtener puestos en la administración pública. Nicolás Petro, su hijo, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sumándose a una larga lista de implicados en irregularidades.
Criticas a la administración
Andrés Briceño, congresista y crítico del gobierno, ha declarado que el mandato de Petro ha estado marcado por contradicciones. «El discurso prometía un cambio en la política, pero lo que hemos visto es un fortalecimiento de prácticas corruptas», afirmó. Briceño ha señalado que la lucha contra la corrupción nunca se materializó y que, en lugar de mejorar la situación, se perpetuaron las dinámicas que han afectado históricamente a Colombia.
Violencia y expansión de grupos armados
Otro aspecto que ha marcado el legado de Petro es el aumento de la violencia en el país. A pesar de su promesa de desarme de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la situación ha empeorado. Según informes de la Contraloría General, el número de municipios con presencia de grupos armados ha crecido de 195 en 2019 a 518 en la actualidad. Las disidencias de las FARC y otros grupos han incrementado su poder, alcanzando una cifra récord de 27,000 integrantes, muchos de ellos menores de edad.
Las masacres también han aumentado, con 77 asesinatos reportados solo en julio pasado. Este contexto de violencia contrasta fuertemente con las promesas de paz y seguridad que Petro planteó durante su campaña electoral.
Desafíos para su sucesor
Abelardo de la Espriella asumirá el cargo de presidente en un momento crítico, con la tarea de enfrentar los problemas de corrupción y seguridad que han crecido durante el mandato de Petro. La administración saliente ha dejado un legado complejo que cuestiona la efectividad de las políticas implementadas y plantea importantes retos para el futuro del país.
Según información de diversos medios, el impacto de esta administración se verá reflejado en la gestión del nuevo gobierno, que deberá lidiar con las secuelas de un mandato polémico y marcado por la controversia.
