El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado, durante su mandato, una notable capacidad para abordar iniciativas en el ámbito nacional en relación con temas de interés internacional. En este contexto, ha tomado la delantera en cuestiones como la regulación de grandes empresas tecnológicas, el desarrollo del hidrógeno verde y la creación de un impuesto sobre los ultrarricos. Ahora, en el contexto del creciente debate mundial sobre la inteligencia artificial (IA), el Gobierno ha decidido llevar esta discusión a la esfera política nacional, especialmente tras las advertencias de figuras como Bill Gates sobre los posibles efectos perjudiciales de la IA en el empleo y las relaciones humanas.
Iniciativa del ministro de Economía
La propuesta ha sido presentada por Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, quien, durante su intervención en el 40 Encuentro Ametic en Santander, anunció la intención de promover un “nuevo contrato social”. Este pacto busca involucrar a empresarios y sindicatos en la regulación del impacto de la IA en la economía, abarcando áreas como el empleo, la fiscalidad, los derechos digitales y la soberanía sobre las infraestructuras tecnológicas.
Objetivos del pacto nacional
Cuerpo no proporcionó muchos detalles adicionales sobre la iniciativa, pero enfatizó que el objetivo principal es ofrecer seguridad a la ciudadanía. Destacó la importancia de que el diálogo social sea fundamental en este proceso de transformación tecnológica. La propuesta del Gobierno busca anticiparse a las decisiones que se tomen en este ámbito y garantizar que los beneficios de los avances tecnológicos se distribuyan equitativamente.
Desafíos y preguntas abiertas
El ministro planteó cuestiones críticas que deben ser abordadas en este contexto: “¿Quién controlará esta tecnología? ¿Quién se beneficiará de ella? ¿Cuánto tiempo tendrán las sociedades para adaptarse?”. Estas interrogantes, según Cuerpo, determinarán si se avanza hacia un futuro más optimista o pesimista en relación con la IA.
Según informó el medio, esta iniciativa del Gobierno se presenta en un momento en que los centros de datos han expresado preocupación por la inseguridad generada por la nueva legislación en el sector, lo que añade una capa de complejidad a las discusiones sobre la regulación de la inteligencia artificial.
