La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia que condena a un hombre a 11 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. El tribunal ha determinado que el acusado, en un hecho sucedido en 2021, forzó a la hija de unos amigos, que tenía 15 años en ese momento, a mantener relaciones sexuales.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el condenado también amenazó a la menor con mostrar fotos íntimas a sus padres si no accedía a sus demandas. La sentencia incluye una pena de diez años de libertad vigilada y la inhabilitación especial durante 25 años para ejercer cualquier actividad que implique contacto con menores.
Detalles de la agresión y amenazas
Los hechos tuvieron lugar durante el verano de 2021, cuando el acusado se encontraba frecuentemente en la casa de la menor en Valencia, donde pasaba los fines de semana debido a su amistad con los padres de la víctima. La sentencia establece que, en un momento de convivencia, el hombre entró en la habitación de la menor y le propinó palmadas en los glúteos, lo que llevó a la niña a apartarlo y a advertirle que informaría a sus padres.
Posteriormente, la menor le pidió el teléfono al condenado para acceder a su perfil de una red social. Al devolverle el móvil, el hombre accedió a su cuenta y capturó imágenes íntimas de la menor. A partir de ese momento, comenzó a amenazarla con la posibilidad de mostrar estas fotos a sus progenitores si no cumplía con sus exigencias.
El acusado obligó a la niña a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones, grabando los actos sin su consentimiento. La menor, que posteriormente requirió tratamiento psicológico debido a la situación, se vio forzada a obedecer las demandas del hombre por temor a las amenazas.
Consecuencias legales y compensación a la víctima
Además de la pena de prisión, la sentencia establece que el condenado deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros. También le prohíbe cualquier tipo de comunicación o acercamiento a la niña, a su domicilio o lugar de estudio o trabajo, durante un periodo de 25 años. La decisión judicial es firme y se ha alcanzado tras un acuerdo entre las partes implicadas respecto a los hechos y la pena a imponer.
Estos eventos han sido reportados por varios medios, que destacan la gravedad de la situación y la respuesta judicial ante este tipo de crímenes.
