Denuncia por exceso de velocidad en un servicio urgente
Cuatro agentes de la Guardia Civil han sido denunciados por exceso de velocidad mientras intentaban detener un atraco en la provincia de Granada. Los hechos ocurrieron en la madrugada cuando se recibió un aviso de un robo en curso, lo que llevó a movilizar a las patrullas más cercanas para interceptar a los delincuentes. Durante su trayecto, los vehículos fueron captados por un radar superando el límite de velocidad establecido en 80 kilómetros por hora.
Justificación del exceso de velocidad
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha denunciado que, a pesar de que se enviaron informes explicando las circunstancias de la intervención, se decidió abrir un atestado por parte de la Agrupación de Tráfico. Los agentes, que actuaron en un contexto de urgencia, enfrentaron la posibilidad de un proceso judicial por su velocidad. «Lejos de comprender el contexto operativo, se ordenó la instrucción de diligencias penales», señalaron desde la AUGC.
Consecuencias legales potenciales
Si se hubiera considerado responsabilidad penal, los guardias civiles podrían haber enfrentado penas de prisión de tres a seis meses, multas de hasta doce meses, o incluso trabajos en beneficio de la comunidad. Además, podrían haber sido privados del derecho a conducir vehículos durante un periodo de uno a cuatro años.
Archivo de las diligencias por parte del fiscal
Sin embargo, el fiscal encargado del caso decidió archivar las diligencias tras considerar que la situación era «inaudita», destacando que en su experiencia de tres décadas no había visto un caso similar. La jueza a cargo del asunto actuó en consonancia con esta decisión.
Cuestionamientos sobre la denuncia
AUGC ha expresado su preocupación por el hecho de que dos de los agentes implicados ocupan cargos representativos dentro de la asociación, lo que ha llevado a especulaciones sobre si la denuncia tenía motivaciones personales. Aunque la AUGC no afirma que haya una relación directa, considera relevante señalar esta circunstancia. «Es incomprensible que quienes arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos sean llevados ante un juez por cumplir con su deber», concluyeron desde la asociación.
Según informó el medio, este incidente ha suscitado un debate sobre el trato que reciben los agentes que actúan en situaciones de emergencia y las consecuencias legales que pueden enfrentar por decisiones tomadas en el cumplimiento de su deber.
