Medidas para frenar el alquiler turístico
El Gobierno de España ha intensificado su estrategia en los últimos dos años para limitar el crecimiento de los alojamientos turísticos en áreas saturadas y eliminar anuncios ilegales. En este contexto, el decreto en negociación entre el PSOE y Sumar busca implementar sanciones fiscales que desincentiven el uso de estos alquileres, con la intención de redirigir parte de esta oferta hacia el mercado de alquiler residencial. Sin embargo, la aprobación de estas medidas dependerá de obtener el respaldo del Congreso, donde actualmente no se cuenta con los apoyos necesarios para la convalidación del decreto, lo que ha llevado a posponer su discusión en el Consejo de Ministros hasta después del verano.
Resistencia de los partidos aliados
Las tensiones entre los socios del Gobierno son evidentes. Junts ha advertido que podría rechazar el decreto por considerarlo «intervencionista», exigiendo, a cambio, beneficios fiscales para pequeños propietarios y medidas contra la ocupación. Por su parte, Podemos se opone a la inclusión de elementos de la fallida reforma de la ley del suelo, argumentando que estos cambios facilitarían la especulación y legalizarían proyectos ilegales.
Detalles del nuevo marco legal
La propuesta legislativa establece que la duración máxima de los alquileres turísticos será de 31 días. Además, se introduce un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que permitirá a los municipios aplicar un aumento de hasta el 50% en la cuota para propiedades de uso turístico en áreas tensionadas. Para los propietarios de múltiples alojamientos, el recargo podría alcanzar el 100% si poseen cuatro o más inmuebles destinados a este uso.
Aumento del IVA y sanciones
En cuanto al IVA, la reforma elimina la exención para estancias cortas y excluye los alojamientos turísticos del tipo reducido del 10% aplicable a la hostelería, lo que significaría que pasarían al tipo general del 21%. Este cambio afectaría a los alquileres de menos de 30 días en municipios de al menos 10.000 habitantes.
Asimismo, se prevé un régimen sancionador para las plataformas digitales como Airbnb y Booking, que podrían enfrentar multas de hasta un millón de euros o el 2% de su volumen de negocio si no colaboran con la Ventanilla Única Digital, diseñada para centralizar y controlar datos sobre estos alquileres. También se establecerán multas por enviar datos incompletos o fuera de plazo.
Otras modificaciones y repercusiones
Además de las medidas sobre alquileres turísticos, el decreto incluye cambios en la regulación de los arrendamientos temporales y en la relación entre propietarios e inquilinos. Se plantea que los contratos de arrendamiento especifiquen la causa del desplazamiento temporal del inquilino, y se otorgan derechos a los arrendatarios para solicitar reparaciones necesarias en las viviendas, con plazos específicos para que el propietario responda.
Las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) también se verán afectadas, ya que su gravamen aumentará del 15% al 25% sobre los beneficios no distribuidos, aunque podrán beneficiarse de una reducción del 50% si destinan al menos el 80% de sus viviendas al alquiler a precios asequibles.
Estas propuestas aún están en discusión y su futuro dependerá de los acuerdos alcanzados en el Congreso. Según informó un medio nacional, la incertidumbre sobre su implementación continúa.
