El Gobierno de Cataluña ha abierto una investigación y ha denunciado ante la Justicia el acceso no autorizado a su sistema informático por parte de internos del centro penitenciario de Puig de les Basses, ubicado en Girona. Este hecho se dio a conocer por el departamento de Justicia en un comunicado emitido el miércoles.
Según la información disponible, los internos lograron acceder a «documentación compartida ubicada en unidades de red», aunque la Generalitat ha aclarado que no hubo compromisos en los sistemas críticos de información penitenciaria ni alteraciones en el funcionamiento de los servicios del centro.
El hackeo fue detectado por los responsables del centro, quienes activaron de inmediato las medidas de seguridad necesarias para mitigar el incidente. En respuesta, se están implementando refuerzos en la seguridad de todos los centros penitenciarios para prevenir futuros accesos no autorizados y proteger la integridad de los sistemas y la información.
Investigación y medidas de seguridad
El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación para aclarar los detalles del suceso y ha solicitado la colaboración de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que llevará a cabo un análisis técnico para determinar las circunstancias del acceso y sus posibles repercusiones. Asimismo, se ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Figueres y se ha informado a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Este miércoles, el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se reunió con representantes de los sindicatos del ámbito penitenciario para comunicarles lo sucedido y las medidas adoptadas. UGT Presons ha exigido que se informe al personal de prisiones sobre los datos que pudieron verse comprometidos. El sindicato ha mantenido reuniones extraordinarias con la Dirección General y con los Mossos d’Esquadra para evaluar el alcance del acceso y la necesidad de comunicar esta situación al personal.
De acuerdo con la investigación, se ha logrado identificar a los dos internos implicados en el incidente. Tanto la dirección del centro como los sindicatos han coincidido en que se han reforzado las medidas de seguridad tras el suceso.
El sindicato SICAP-FEPOL ha denunciado que desde 2025 se han alertado sobre posibles accesos no autorizados a datos confidenciales de Justicia desde los ordenadores disponibles en las cárceles.
Según informó la Generalitat, se están tomando en serio las implicaciones de este incidente y se están implementando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos en las instituciones penitenciarias.
