Trílogos sobre la regulación del euro
El reglamento relacionado con el curso legal del euro ha entrado en la etapa de trílogos, en la que participan el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. En esta fase se determinará cómo se implementará el acceso al dinero en efectivo y las obligaciones de los diferentes actores involucrados. De acuerdo con la plataforma española Denaria, que defiende el uso del efectivo, la redacción actual del texto permitiría reemplazar a los trabajadores encargados del cobro físico por sistemas de autopago.
Impacto en el empleo en España
Si se aprueba esta excepción, se estima que 195.800 empleos en España, específicamente de cajeros y taquilleros (excluyendo el sector bancario), estarían en riesgo. Esta cifra se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística proyectados para 2025. Denaria, presidida por Javier Rupérez, ha expresado su preocupación por esta situación.
Riesgo de exclusión del efectivo
La organización advierte que la implementación exclusiva de cajas de autopago podría limitar la aceptación del efectivo en los comercios. Así, Denaria solicita que en todos los puntos de venta siempre haya cajas registradoras atendidas por personal humano. La posible sustitución de empleados por máquinas de cobro podría socavar el objetivo del reglamento, que es asegurar la aceptación y el acceso al efectivo como medio de pago legal.
Transición inclusiva en los métodos de pago
Denaria aboga por una transición que permita la coexistencia del efectivo y de los medios de pago digitales. La plataforma sostiene que «el curso legal puede verse socavado no solo por rechazos directos, sino también por prácticas comerciales que desalientan el uso del efectivo». Por ello, enfatizan que el reglamento debe garantizar que los consumidores mantengan la libertad de elegir su método de pago.
Problemas de infraestructura y resiliencia
Los sistemas de pago automatizados suelen operar como monopolios en diversas áreas, tanto urbanas como rurales. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados a utilizar un único método de pago, lo que puede ser problemático en situaciones de emergencia, como interrupciones en los servicios de pago electrónicos. Denaria argumenta que permitir que infraestructuras enteras se conviertan en sistemas sin efectivo podría debilitar el acceso de los ciudadanos a opciones de pago durante crisis.
Preocupaciones sobre la aceptación del efectivo
La excepción para los puntos de venta no atendidos podría inducir a los minoristas a rediseñar sus entornos operativos para eliminar la aceptación de efectivo. A pesar de los argumentos sobre los costos de adaptación, Denaria resalta que muchas instalaciones de autoservicio se implementaron como decisiones comerciales para incentivar el uso de pagos digitales, lo que no debería justificar el rechazo del efectivo.
La plataforma ha trasladado sus inquietudes a las autoridades europeas involucradas en las negociaciones, buscando que el reglamento proteja el efectivo como un elemento esencial del sistema de pagos en Europa. Denaria enfatiza que el reconocimiento del derecho al efectivo solo es significativo si existe una infraestructura adecuada para garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos.
Para millones de españoles y europeos, el efectivo sigue siendo la principal, y a veces la única, forma de participar en la economía.
