Decisión judicial sobre el Pazo de Meirás
El litigio entre los herederos de Francisco Franco y el Estado español por la propiedad del Pazo de Meirás ha dado un nuevo giro. Un juzgado de La Coruña ha dictado una resolución que ordena la inscripción del inmueble a nombre del Estado, así como la cancelación de las inscripciones registrales que fueran contradictorias.
Orden de inscripción en el Registro de la Propiedad
Según un auto del Tribunal de Instancia de La Coruña, la letrada de la Administración de Justicia ha instruido al Registro de la Propiedad de Betanzos para que realice la inscripción a favor del Estado español de la finca conocida como ‘Pazo y Torres’ de Meirás, situada en el municipio de Sada, en A Coruña. Esta decisión se produce tras un largo proceso judicial que culminó con la recuperación del pazo y sus terrenos por parte del patrimonio público.
Antecedentes del litigio
La resolución judicial se basa en las gestiones realizadas por la Abogacía del Estado, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo emitida en marzo, que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás. Esta sentencia desestimó los recursos interpuestos por los hermanos Martínez-Bordiú Franco, que habían impugnado una decisión anterior de la Audiencia Provincial de La Coruña.
Implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo
Con esta nueva resolución, el Pazo de Meirás será oficialmente registrado a nombre del Estado, en lugar de los herederos de Franco, como había sido hasta este momento. Sin embargo, las partes involucradas aún cuentan con un plazo de cinco días para presentar un recurso ante esta decisión.
El Tribunal Supremo reafirmó que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al ratificar sentencias previas que validaban su titularidad pública. El alto tribunal argumentó que, desde 1938, el inmueble había estado destinado a la Jefatura del Estado como residencia oficial de verano de Franco, lo que invalidaba cualquier reclamo de propiedad por parte de sus herederos. Además, se estableció que el Estado había presentado la demanda dentro del período legal requerido, imposibilitando así que los herederos pudieran reclamar su propiedad por el transcurso del tiempo.
Según informó ABC, este fallo representa un avance significativo en la restitución de bienes vinculados al régimen franquista y refuerza el principio de titularidad pública sobre el patrimonio histórico de España.
