Inicio de la investigación
El Congreso de Estados Unidos ha formalizado una investigación acerca del fondo en el que la Administración de Donald Trump gestiona los ingresos provenientes del petróleo venezolano. Esta revisión se activa después de que el presidente reconociera que la recaudación ha superado los 13.000 millones de dólares (aproximadamente 11.400 millones de euros), mientras que su administración aún no ha hecho públicas las cuentas, saldos, comisiones ni auditorías prometidas.
Detalles de la investigación
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ha acogido la solicitud de cuatro legisladores para examinar diversos aspectos del fondo petrolero venezolano, y el trabajo ya ha comenzado. Jessica Baxter, portavoz de la GAO, indicó que «la GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso». No obstante, aún no se han divulgado detalles sobre el alcance de la investigación, su metodología ni la fecha prevista para presentar los resultados.
Reclamaciones de los legisladores
Los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten, junto con los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine, han solicitado que se identifiquen todas las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras involucradas, las comisiones aplicadas y los pagos autorizados. También exigen esclarecer si existen controles adecuados para prevenir el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y los conflictos de interés. La investigación abarcará las actuaciones de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, así como de las empresas y contratistas implicados, y evaluará si la gestión de estos fondos se ajusta a la legislación estadounidense.
Estimaciones sobre los ingresos petroleros
Según el ‘Financial Times’, hasta julio, las exportaciones de petróleo de Venezuela habían generado más de 13.000 millones de dólares. Trump, al ser cuestionado sobre el tema, sugirió que la cifra podría ser aún mayor, aunque no ofreció un monto específico ni explicó su cálculo. Afirmó que Estados Unidos había recuperado varias veces el costo de la operación militar y que estaba recibiendo «miles y miles de millones de dólares» de Venezuela.
Contradicciones en la administración de fondos
El presidente no aclaró el destino específico de estos fondos. Inicialmente indicó que se utilizaban para «gestionar el país», y luego mencionó que podrían ser destinados al Ejército con la aprobación del Congreso. Estas declaraciones generan confusión, ya que la orden firmada por Trump establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela, y que Estados Unidos actúa solo como custodio. Por lo tanto, estos fondos no deberían considerarse ingresos estadounidenses disponibles para gastos federales. El Departamento del Tesoro se encarga de su administración, mientras que el Departamento de Estado decide cuándo y para qué pueden ser liberados.
Falta de claridad sobre los costos y la gestión
La cifra de 13.000 millones de dólares se refiere a ingresos brutos y no al saldo neto, ya que deben descontarse gastos como transporte, seguros y refinación. Sin embargo, la falta de información sobre estas deducciones impide calcular cuánto dinero debería permanecer en las cuentas y cuánto se ha entregado a Venezuela o se ha destinado a comisiones y gestión.
Posición del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro ha declarado que los fondos han estado disponibles para el Gobierno de Delcy Rodríguez sin demoras y que existe un sistema de vigilancia para asegurar que los recursos beneficien a los ciudadanos venezolanos. Según una fuente oficial, Washington ha estado colaborando desde enero con el Gobierno venezolano para liberar fondos destinados a gastos oficiales, como el pago de nóminas y garantizar liquidez en el sistema financiero del país.
Falta de transparencia en la supervisión
No obstante, el Tesoro no ha proporcionado detalles sobre quién lleva a cabo esta supervisión, desde cuándo opera, qué operaciones se han revisado ni los resultados obtenidos. Asimismo, no se han ofrecido cifras que permitan verificar que todos los fondos solicitados por el Gobierno venezolano han sido liberados sin retrasos. No se conocen las cantidades solicitadas, autorizadas ni el tiempo transcurrido entre cada solicitud y su correspondiente desembolso, lo que genera dudas sobre la efectividad del mecanismo establecido por la administración Trump para manejar estos recursos.
Según informaron varios medios, la situación continúa siendo objeto de escrutinio por parte de los legisladores que buscan mayor claridad sobre la administración de estos fondos.
