Conflicto entre CEOE y el Ministerio de Trabajo
La CEOE ha presentado una enmienda integral a la reforma impulsada por Yolanda Díaz, que busca implementar la directiva europea sobre transparencia retributiva en la legislación española. Esta iniciativa es una de las prioridades de la vicepresidenta, cuyo objetivo es eliminar el secreto salarial en las empresas. Sin embargo, la reforma ha sido aplazada hasta septiembre debido a la falta de apoyos necesarios para su aprobación.
Críticas a la propuesta del Ministerio
Según un documento al que tuvo acceso EL MUNDO, la patronal rechaza casi todos los aspectos del borrador elaborado por el equipo de Díaz, argumentando que las medidas propuestas van más allá de lo requerido por la normativa europea. La CEOE sostiene que el Gobierno está imponiendo nuevas obligaciones y trabas burocráticas que complican aún más la situación para las empresas.
En la reunión del pasado lunes, los representantes de la CEOE no cuestionaron la necesidad de adaptar la ley española a la directiva europea, pero señalaron que la propuesta del Ministerio incluye criterios más estrictos y cargas administrativas adicionales que podrían generar inseguridad jurídica.
Limitaciones de la reforma
A pesar de que la propuesta de Díaz no cubre la totalidad de la directiva europea, se enfoca en aspectos que pueden ser regulados a través de normativa secundaria, como los registros salariales y auditorías. Sin embargo, se ha dejado fuera aquellas medidas que requerirían cambios legislativos más amplios, como modificaciones al Estatuto de los Trabajadores y otras leyes relevantes.
Fuentes del Ministerio han indicado que se está trabajando en cambios reglamentarios que no necesitan pasar por el Congreso, y que posteriormente se abordará el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la igualdad salarial.
Reacciones de los sindicatos y la CEOE
Los sindicatos ya habían rechazado un borrador anterior por considerarlo incompleto, ya que no cumplía con los requisitos fundamentales de la directiva. Por su parte, la CEOE argumenta que la última propuesta del Ministerio incluye exigencias adicionales que no están contempladas en la normativa europea, especialmente en lo que respecta a la transparencia salarial y la progresión de sueldos.
El nuevo texto obligaría a las empresas a detallar cómo determinan los salarios y los criterios de promoción, lo que la patronal considera excesivo dado que no existe una obligación legal previa de establecer sistemas de progresión salarial.
Tiempos de implementación y seguridad jurídica
Además, la CEOE critica la falta de tiempo asignada para que las empresas ajusten sus prácticas salariales, sugiriendo que el plazo de dos meses es insuficiente. El borrador también adelanta las fechas límite para que las empresas reporten información sobre la brecha salarial, lo que podría generar problemas de cumplimiento.
Los empresarios han solicitado que el Ministerio respete los plazos establecidos en la directiva europea y que se amplíe el tiempo de implementación a seis meses tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A pesar de que el Gobierno ha superado el plazo de transposición que venció el 7 de junio, fuentes del Ministerio han indicado que la Comisión Europea ha mostrado disposición para otorgar una prórroga hasta otoño, lo que podría evitar sanciones económicas por parte de Bruselas.
Según informó EL MUNDO, la situación sigue siendo incierta y ambas partes deben llegar a un consenso para garantizar la correcta implementación de las nuevas normativas.
