Acciones legales contra el nombramiento en el Tesoro
Altos funcionarios del Estado han decidido emprender acciones legales en respuesta a la reciente modificación normativa que ha permitido el nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco como nuevo director general del Tesoro. Este cambio fue realizado por el Gobierno, que adaptó una ley para incluir una excepción que posibilitara el nombramiento, a pesar de que Sánchez-Blanco no cumplía con el requisito de ser funcionario de carrera del nivel A1.
La postura de Fedeca
La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha manifestado su intención de recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Según esta organización, la modificación realizada amplía de manera «injustificada» el alcance de una excepción que originalmente estaba destinada a ser extraordinaria, poniendo en riesgo la regla general que reserva ciertos puestos de alto nivel a funcionarios de carrera. Fedeca ha señalado: «No cuestionamos la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto».
Implicaciones del nombramiento
Este nombramiento, que ha generado controversia debido a la relación de Sánchez-Blanco con la dirigente socialista Pilar Sánchez Acera, también ha suscitado críticas debido a su contexto político. Sánchez Acera, quien ha sido colaboradora cercana del Gobierno y actualmente ocupa un cargo relevante en el Partido Socialista de Madrid, se ha visto envuelta en polémicas relacionadas con filtraciones de información confidencial, lo que ha complicado aún más el escenario.
Preocupaciones por el uso de excepciones normativas
Fedeca ha expresado su preocupación por el uso de modificaciones normativas que alteran el modelo establecido para la dirección pública profesional. Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de Fedeca, advirtió que «las excepciones no pueden convertirse en la regla» y subrayó la importancia de mantener principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia en las instituciones públicas. La reciente modificación del real decreto 1009/2023, que incluye al Tesoro en la lista de organismos que pueden eludir los requisitos de nombramiento, ha sido vista como un intento del Gobierno de formalizar este cambio en la cúpula de la gestión de la financiación pública.
Normativa anterior y su modificación
La legislación que estaba en vigor hasta el momento imponía, entre otras condiciones, que los nombramientos de directores generales debían realizarse entre funcionarios de carrera del Estado y otros niveles administrativos, pertenecientes al subgrupo A1. Para facilitar el nombramiento de Sánchez-Blanco, el Gobierno modificó esta normativa, añadiendo una disposición que permite a ciertos cargos, aun sin ser funcionarios, asumir el puesto de director general, específicamente en el caso del Tesoro.
Según informaron diversos medios, esta situación ha generado un debate sobre la integridad del proceso de selección en la administración pública y las posibles implicaciones de este tipo de modificaciones normativas.
