Declaraciones ante el juez
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, se presentó como imputada ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, en relación con una investigación sobre intentos de obstruir investigaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Durante su declaración, Fuentes atribuyó la responsabilidad de los pagos a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y a otros abogados a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización.
Rechazo de culpabilidad
Fuentes afirmó que no había conocimiento por parte del secretario general del partido, Pedro Sánchez, ni de otros dirigentes sobre los pagos que están bajo sospecha. Según su testimonio, ella solo autorizó los pagos, creyendo que los servicios se habían prestado correctamente. Estos pagos incluyen a dos abogados, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, quienes están actualmente imputados. Oliver compareció después de Fuentes.
Contrataciones y justificaciones
La gerente del PSOE explicó que se contrató a los abogados para apoyar al departamento jurídico del partido ante el creciente número de causas judiciales. Sin embargo, no pudo confirmar si realmente colaboraron con dicho departamento. En su declaración, Oliver admitió no haber conocido al jefe jurídico del partido, Alberto Cachinero.
La Unidad Central Operativa (UCO) está investigando si los fondos destinados a los abogados realmente se utilizaron para financiar las acciones de la fontanera con el objetivo de archivar causas penales en su contra.
Detalles de los pagos
Fuentes indicó que las contrataciones se hacían de forma verbal, un procedimiento permitido en el PSOE, y que posteriormente se formalizaban mediante hojas de encargo. Oliver, por su parte, reveló que fue contratado por Leire Díez para revisar comparecencias en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. Además, él mismo pagó a Díez una suma de 27.225 euros por un trabajo relacionado con el ex dirigente chavista Nervis Villalobos, aunque este encargo no se llevó a cabo.
Mensajes y otras implicaciones
El abogado fue cuestionado sobre mensajes en los que se mencionaba la necesidad de actuar contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Luzón. Oliver calificó esas expresiones como «desafortunadas» y negó su implicación en acciones que no fueran estrictamente legales para desactivar las investigaciones.
Asimismo, la gerente mencionó que se han realizado pagos a Gaspar Zarrías, ex dirigente socialista andaluz, quien también contrató a la fontanera. Fuentes aclaró que los pagos que se conocen son los del PSOE federal, y no de la rama andaluza.
Responsabilidad y cumplimiento normativo
Como gerente, Fuentes era responsable del comité de cumplimiento normativo del PSOE, cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de los procedimientos internos para prevenir delitos. La investigada aceptó responder a todas las preguntas, incluidas las formuladas por el Partido Popular, que ejerce la acusación popular. Tanto la Fiscalía como esta acusación mostraron interés en el sistema de cumplimiento normativo del partido.
Fuentes indicó que desde los hechos investigados se han implementado cambios en el sistema de cumplimiento, aunque no consideró que ello implicara defectos en el mismo. Su imputación se produjo tras un informe de la Guardia Civil que la situaba como una figura clave en las maniobras investigadas, atribuyéndole la falsificación de notas de encargo para ocultar pagos a abogados que operaban en la desactivación de las causas penales.
El juez Pedraz ha señalado que, aunque Fuentes desempeñó un papel de colaboración en los delitos investigados, no se le considera la responsable principal. Esto llevó al magistrado a rechazar la solicitud de la UCO de examinar su teléfono móvil, incautado durante un registro en la sede del PSOE.
Según informó el medio, el juez concluyó que los indicios apuntan a la colaboración de Fuentes en los delitos, sin que se le atribuya un papel central en las operaciones bajo investigación.
