Cambios en la política energética del Gobierno
Las ministras de Energía, Teresa Ribera y Sara Aagesen, han liderado la formulación de la política energética en el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la evolución del contexto económico y las necesidades tecnológicas han llevado al Ejecutivo a reconsiderar diversas decisiones, especialmente en relación con el parque nuclear.
Suspensión del impuesto a la producción eléctrica
Un cambio significativo se produjo recientemente con el anuncio de la suspensión gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), que gravaba desde 2013 los ingresos de las compañías eléctricas a un 7%. Este impuesto ha sido objeto de críticas constantes por parte de diversas asociaciones y sectores industriales, que argumentaban que encarecía la electricidad y obstaculizaba la electrificación.
A pesar de la defensa del Gobierno de que este impuesto era esencial para la financiación del sistema eléctrico, las críticas se intensificaron. En 2024, el Ejecutivo se opuso a eliminar el Ivpee, argumentando que su eliminación podría resultar en una pérdida de 1.500 millones de euros en ingresos. Ahora, se ha decidido su eliminación, lo que marca un giro en la estrategia anterior.
Inversiones en infraestructuras eléctricas
En el ámbito de las infraestructuras eléctricas, el Gobierno también ha cambiado su enfoque. Aunque existía un consenso sobre la necesidad de más redes, se mantenía un límite regulatorio ligado al PIB que limitaba las inversiones. Este límite, establecido en 2013, fue objeto de controversia, ya que el sector solicitaba un aumento permanente.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regula los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, lo que permitirá una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030. Este cambio responde a la necesidad de atender la creciente demanda y las solicitudes de acceso a nuevas conexiones.
Situación del parque nuclear de Almaraz
Un aspecto crucial que requiere atención es la central nuclear de Almaraz. Originalmente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) preveía el cierre de esta instalación para 2027 y 2028. Sin embargo, ante la realidad económica y la solicitud de las empresas que operan Almaraz para extender su funcionamiento hasta 2030, el Gobierno se enfrenta a la necesidad de reevaluar esta decisión.
El presidente del Gobierno ha señalado que el ritmo de adopción del vehículo eléctrico es más lento de lo previsto, lo que podría influir en una revisión más amplia de la planificación energética del país. Esta situación refleja la complejidad de la transición energética y la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
Según informó un medio local, se espera que el Gobierno tome una decisión definitiva sobre el futuro de Almaraz en el próximo mes, lo que podría tener un impacto significativo en la política energética del país.
