Contexto de la Legislatura
La XV Legislatura de España se encuentra en una situación crítica, marcada por la incapacidad para aprobar presupuestos hasta la fecha, un hecho que era prácticamente impensable en períodos anteriores. Esta situación ha generado un ambiente de descontento y frustración, evidenciado por la necesidad de llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Pleno para que rinda cuentas. Además, el ofrecimiento de sucesión a plazos por parte de Óscar Puente y la creciente tensión interna en el PSOE, especialmente en Ceuta, suman a la percepción de un gobierno en declive.
Aprobación de decretos como solución
Una clara manifestación de la ineficacia legislativa es la reciente aprobación por real decreto-ley de la regulación de los lobbies, lo que tomó por sorpresa a muchos. El argumento del Gobierno ha sido que esta medida se adoptó debido a la falta de consenso en el Parlamento. Sin embargo, este camino plantea dudas sobre la viabilidad de futuros acuerdos. Se ha criticado que, con el apoyo de un simple despiste de un diputado o la ausencia de otros, el decreto podría ser convalidado y luego tramitado como proyecto de ley, lo que permitiría a los partidos mantener una apariencia de colaboración con los lobbistas, un elemento común en la política actual.
Consecuencias de la disolución parlamentaria
Con la inminente convocatoria electoral, se disolverá el Parlamento, lo que implica que los proyectos en tramitación quedarán sin efecto, consolidando así la capacidad del Ejecutivo para gobernar sin la intervención del Legislativo. Este mecanismo ha sido utilizado anteriormente, como en la significativa reforma de pensiones sancionada mediante un real decreto-ley el 16 de marzo de 2023. Aunque el Congreso lo convalidó el 30 de marzo, se decidió tramitarlo como proyecto de ley para realizar enmiendas debido a las críticas de la AIReF y de expertos sobre su contenido.
El futuro incierto de la legislación
A pesar de la promesa de mejorar el texto en sede parlamentaria, el proyecto de ley de pensiones nunca avanzó. Tras la disolución de las Cortes el 29 de mayo de 2023, toda iniciativa en trámite, sin importar su estado, caducó, dejando en vigor únicamente el texto original redactado por el ministro José Luis Escrivá. En total, de los 59 proyectos de ley pendientes en el momento de la disolución, 34 provenían de decretos-ley, todos ellos sin haber pasado por el proceso de enmiendas parlamentarias.
Según informó un medio especializado, la situación actual de la Legislatura refleja una tendencia preocupante hacia una gobernanza que evade el debate y el consenso parlamentario, lo que podría tener consecuencias significativas para la democracia española.
