Incoación del Procedimiento Abreviado
La jueza encargada del caso Azud ha decidido incoar un auto de procedimiento abreviado contra un total de 38 personas, destacando entre ellas a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el exvicealcalde Alfonso Grau y el exsubdelegado del Gobierno, Rafa Rubio. Esta decisión aproxima a los implicados a un posible juicio.
Antecedentes de la Investigación
La investigación del caso Azud, que se inició en secreto hace casi nueve años, ha estado relacionada con una supuesta trama de corrupción en la que se habrían cobrado comisiones por adjudicaciones públicas, principalmente en el sector urbanístico, durante un periodo de 15 años, desde 1999 hasta 2013. La causa ha implicado a políticos de diferentes partidos, como el PP y el PSPV, así como a empresarios.
Detalles del Auto Judicial
En un extenso auto de más de 300 páginas, la magistrada Pepa Tarodo ha expuesto de manera resumida los hechos que se consideran delictivos, aunque no ha señalado de forma explícita los delitos atribuidos a cada investigado. El procedimiento ahora se traslada a la Fiscalía y a las partes acusadoras, que disponen de diez días para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento del caso.
Origen de la Investigación
La denuncia que dio inicio a esta investigación provino de la Fiscalía en 2016, la cual recibió información de la Agencia Tributaria sobre los ingresos del despacho de Corbín. Estos ingresos provenían principalmente de empresas que habían obtenido contratos públicos en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Barberá.
Comisiones y Empresas Implicadas
Según la jueza, la sociedad de Corbín, Corbín Abogados S.L., dependía en casi un 80% de comisiones ilegales pagadas por grupos empresariales en relación con adjudicaciones del Ayuntamiento. La magistrada ha cuantificado las comisiones recibidas en 3,6 millones de euros, involucrando a empresas como Acciona, Grupo Cyes y Grupo Axis, entre otras.
Implicaciones Personales y Estructura de Pagos
La jueza ha señalado que la posición de Corbín le facilitaba el contacto con funcionarios y concejales, lo que le permitió mantener reuniones con empresarios interesados en obras públicas. Los pagos a su despacho se realizaban directamente o a través de sociedades interpuestas, lo que complicaba la trazabilidad de los fondos.
Desglose de la Investigación
El auto detalla el papel de cada empresa mencionada y los contratos asociados, así como las acciones presuntamente delictivas de los implicados. Se ha puesto especial énfasis en la adjudicación de contratos, como el de la gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del sistema de saneamiento de Valencia, otorgado a una unión temporal de empresas que incluía a Acciona.
Según los informes, entre 2005 y 2017, Corbín Abogados S.L. reportó ingresos superiores a cinco millones de euros, mientras que sus gastos fueron de solo 681.784 euros, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de personal que empleaba.
La complejidad del caso ha permitido que las investigaciones se expandan más allá de los implicados iniciales, revelando una red de corrupción que abarca múltiples administraciones y sectores.
Esta información ha sido proporcionada por EFE.
