La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos individuos e investiga a otros dos por su supuesta participación en un fraude que asciende a cerca de medio millón de euros contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Este esquema se realizaba mediante el uso de varias empresas agrícolas de Almería que estaban interconectadas.
Acciones Judiciales y Detenciones
La autoridad judicial ha decidido bloquear siete propiedades valoradas en alrededor de un millón de euros, así como diez cuentas bancarias en diferentes entidades, con el fin de asegurar posibles responsabilidades económicas vinculadas al caso. Los detenidos fueron liberados tras prestar declaración con la asistencia de sus abogados. Las diligencias han sido enviadas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, que mantiene abiertas las investigaciones.
Operación Tributo
La investigación se enmarca dentro de la operación denominada «Tributo», que ha logrado evidenciar que los empleados eran transferidos entre las distintas empresas agrícolas, a pesar de que las explotaciones, los recursos materiales y las actividades comerciales permanecían constantes.
El modus operandi, que se remonta a 2009, consistía en que una empresa cesaba su actividad debido a deudas significativas, y otra la continuaba bajo una nueva titularidad, manteniendo al mismo personal y recursos. Esta estrategia permitía la continuidad de la explotación agrícola mientras se eludía el pago de las cotizaciones sociales correspondientes.
Investigados y Estructura del Fraude
Entre los investigados figuran varios miembros de una misma familia que actuaban como administradores o responsables de diferentes sociedades, así como un antiguo trabajador que luego se convirtió en empresario individual de una de las fincas. La investigación fue solicitada por el Juzgado de Instrucción número tres de Almería, tras un informe previo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
El análisis realizado por las autoridades ha demostrado que las empresas en cuestión compartían elementos laborales, patrimoniales y empresariales. A pesar de presentarse como entidades independientes, muchas de ellas utilizaban los mismos domicilios, representantes, cuentas bancarias, clientes y proveedores.
Además, las indagaciones sobre el patrimonio de los principales implicados han revelado movimientos de bienes en momentos cercanos a la acumulación de deudas, sugiriendo que estas acciones podrían haberse realizado para obstaculizar la recaudación por parte de la Administración.
Según informó la Policía Nacional, la colaboración entre el Grupo VIII de Delincuencia Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería ha sido fundamental para el desarrollo de esta operación.
