El Gobierno español ha cambiado su perspectiva sobre el impacto financiero de los laudos internacionales desfavorables relacionados con la retirada de primas a energías renovables, pasando de considerar esta situación como poco probable a visualizarla como un riesgo inminente. Según la Cuenta General del Estado de 2025, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda, el déficit acumulado por las resoluciones adversas de los tribunales de arbitraje internacional ya no se clasifica como un pasivo contingente, sino como una provisión, lo que indica un aumento en la probabilidad de que se materialice este coste.
Aumento de la cuantía de la provisión
El informe del Ministerio de Hacienda del año anterior había reconocido la existencia de laudos desfavorables que implicaban indemnizaciones de aproximadamente 1.483 millones de euros. Sin embargo, esta cifra ha aumentado considerablemente, alcanzando ahora una provisión total de 2.943 millones de euros para hacer frente a «la responsabilidad patrimonial en procedimientos de arbitrajes internacionales en materia de energía». Este incremento del 30% en un año destaca la creciente preocupación del Gobierno por las posibles implicaciones financieras de estos litigios.
A pesar de las gestiones realizadas, el Ministerio de Transición Ecológica no ha proporcionado información sobre las razones de este cambio en la clasificación del riesgo ni sobre el aumento de la cantidad reservada. En 2022, la factura estimada por los arbitrajes desfavorables era de 1.696 millones de euros, cifra que ha crecido significativamente en el informe presentado para 2025.
Primer pago por un laudo internacional
En 2025, el Gobierno realizó un pago inédito de 32 millones de euros, que incluye 23 millones correspondientes a un laudo por un litigio relacionado con las energías renovables, a favor de la empresa japonesa JGC Holdings Corporation. Este desembolso marcó un hito, ya que el Ministerio de Transición Ecológica se había mantenido firme en su negativa a realizar pagos en estos casos, basándose en un criterio de la Comisión Europea que estipula que los conflictos entre empresas de la UE deben resolverse según las normas europeas y no a través de arbitrajes internacionales.
Litigios heredados y acciones de recuperación
España enfrenta más de medio centenar de litigios derivados de decisiones tomadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que afectaron las primas a las energías renovables. Hasta la fecha, el pago realizado a JGC Holdings Corporation ha sido el único que ha atendido el Gobierno en este ámbito. No obstante, el fondo Blasket Renewable Investments, que representa a los inversores perjudicados por estos laudos, ha intensificado sus acciones para recuperar las compensaciones no pagadas, incluyendo embargos sobre propiedades españolas en el extranjero, como la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
La estrategia de Blasket ha tenido ciertos logros, como el bloqueo por parte de la justicia belga de 840 millones de euros que Eurocontrol debía pagar a Enaire, reconociendo así el derecho de los acreedores de España a recibir las indemnizaciones dictadas por los tribunales de arbitraje.
Según informó ABC, la situación financiera del Gobierno en relación con los litigios renovables sigue siendo un tema de atención y preocupación a medida que se desarrollan estos casos.
