La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado que se lleve a juicio a Óscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, por la supuesta utilización de falsos autónomos en su empresa. Esta petición se basa en la existencia de «indicios suficientes» que apuntan a un posible delito contra los derechos de los trabajadores, conforme al artículo 311.2 del Código Penal español, según ha confirmado Efe y ha adelantado eldiario.es.
Investigación por denuncia de la Fiscalía
El caso contra Pierre se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía, que sostiene que el empresario mantuvo a sus repartidores bajo la figura de autónomos a pesar de las advertencias de la Inspección de Trabajo y de sentencias del Tribunal Supremo que establecen que los riders deben ser considerados empleados por cuenta ajena. Esta situación ha llevado al Ministerio Público a solicitar que se avance hacia un juicio, en contraste con la defensa de Pierre, que solicitó el archivo del caso el pasado mes de julio.
Defensa del modelo laboral de Glovo
En su defensa, Pierre criticó a la Inspección de Trabajo, acusándola de tener un enfoque «sesgado y recaudador». Afirmó que el modelo de relaciones laborales de Glovo era completamente legal en España. Tras la implementación de la «ley Rider», que regula el trabajo de los repartidores de plataformas digitales, el empresario aseguró que su empresa había cambiado su relación laboral y estaba en proceso de adoptar un «modelo de relaciones jurídico-mercantiles» que, según él, es válido y legal.
Acusación popular y cambios en el modelo laboral
La causa también cuenta con la acusación del sindicato CGT, que se opuso al archivo de la investigación, alegando que Glovo impuso «condiciones ilegales» de manera sistemática. Pierre compareció como investigado el pasado diciembre ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, donde reiteró la legalidad de su modelo de negocio. Sin embargo, un día antes de su declaración, la empresa anunció un cambio en su modelo laboral para comenzar a contratar a sus repartidores, una decisión que Pierre justificó como un intento de lograr la «paz social» y evitar futuros litigios.
Ahora, tras la solicitud formal de la Fiscalía para cerrar la fase de instrucción, la decisión sobre si se abrirá juicio oral queda en manos del juzgado instructor, que deberá evaluar las solicitudes de las partes involucradas y determinar si Pierre será llevado a juicio.
La investigación se inició en julio de 2024, cuando el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona abrió diligencias previas tras la denuncia de la Fiscalía en contra del fundador de Glovo.
