Análisis del impacto de las reformas fiscales
La política fiscal implementada por las comunidades autónomas bajo el gobierno del Partido Popular (PP) ha comenzado a mostrar resultados significativos en relación al Impuesto de Patrimonio. Según un informe del Ministerio de Hacienda, el número de contribuyentes obligados a abonar este impuesto ha disminuido notablemente en regiones que han realizado reformas para reducir su carga fiscal, como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia.
Exenciones fiscales y número de contribuyentes
Las modificaciones fiscales han permitido que cerca de 40.000 ciudadanos se vean exentos del pago del Impuesto de Patrimonio, afectando principalmente a individuos con patrimonios medios-altos que no superan el umbral de tres millones de euros establecido por el impuesto estatal sobre grandes fortunas. El incremento en el patrimonio medio declarado en estas comunidades es una clara indicación de esta tendencia.
En Andalucía, por ejemplo, la cifra de contribuyentes ha caído de aproximadamente 18.000 en 2021 a poco más de 1.000 en 2024. En Aragón, el número pasó de 15.787 a 10.131 tras elevarse el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros. En Baleares, el incremento del mínimo exento hasta tres millones de euros ha reducido los contribuyentes de 8.500 a algo más de 1.000. La Región de Murcia ha experimentado una situación similar, donde el número de contribuyentes ha disminuido de más de 4.000 a aproximadamente 360. Cantabria, que introdujo una bonificación del 100% para patrimonios inferiores a tres millones de euros, ha visto caer su cifra de 3.000 a solo 15 contribuyentes. Finalmente, Extremadura optó por una bonificación total en 2023 para sus 1.242 contribuyentes, lo que ha hecho que solo los grandes patrimonios paguen el impuesto estatal.
Consecuencias en la recaudación y el contexto político
La reducción del Impuesto de Patrimonio ha tenido un impacto económico, con una disminución de ingresos de cerca de 140 millones de euros en conjunto para estas comunidades. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Pedro Sánchez por reforzar la imposición sobre grandes patrimonios, la efectividad de estas medidas ha resultado mixta. Aunque la recaudación total por esta vía ha crecido un 60% desde la instauración del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, el número de contribuyentes ha disminuido de más de 200.000 a cerca de 185.000 en tres años.
En Madrid, el esfuerzo por reinstaurar el Impuesto de Patrimonio ha tenido cierto éxito, logrando que 11.448 grandes patrimonios contribuyan, generando casi 643 millones de euros en 2024. Sin embargo, el desmantelamiento del impuesto en otras regiones ha continuado, afectando a 37.726 contribuyentes que ya no presentan la declaración, mientras que cerca del 25% de los que aún lo hacen abonan menos de lo que correspondería según la normativa estatal.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que, en 2024, 227.422 personas presentaron la declaración del Impuesto de Patrimonio, una cifra inferior en 4.000 a la de antes de la implementación del impuesto estatal a grandes fortunas. De estos, 185.031 contribuyentes pagaron efectivamente, lo que representa una reducción de 15.000 respecto a 2021. La cuota media de pago fue de 11.640 euros, un aumento respecto a los 6.702 euros del año 2021, reflejando una tendencia hacia la imposición exclusiva sobre grandes fortunas.
Según informó el Ministerio de Hacienda, estas dinámicas fiscales continúan generando debate sobre la equidad y la efectividad del sistema impositivo en España.
