Se ha generado un enfrentamiento entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y el Gobierno de España tras la decisión de este último de levantar el veto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria, como solicitaron las formaciones políticas Més per Mallorca y Més por Menorca. Esta iniciativa, que recibió luz verde en abril por parte del Parlamento balear, ahora se encuentra en discusión en el Congreso de los Diputados. El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, expresó su satisfacción por lo que considera un «paso adelante» en el proceso legislativo.
Posición del Gobierno y preocupaciones de Aena
Inicialmente, el Ejecutivo había mostrado oposición a la tramitación de esta ley, argumentando que podría reducir los ingresos de Aena, lo que requeriría compensaciones financieras de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Esto, señalaron, podría suponer un impacto negativo en los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
Aena, por su parte, ha manifestado su intención de tomar medidas en caso de que la ley sea finalmente aprobada. Según información de Europa Press, el gestor aeroportuario envió el día de ayer una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), firmada por la secretaria del consejo de administración, Elena Roldán.
Argumentos de Aena sobre la normativa
La empresa ha expresado que la ley contiene «previsiones claramente incompatibles con el marco legal vigente», especialmente en relación con el marco constitucional. Aena sostiene que las competencias relacionadas con la normativa, supervisión y regulación de los aeropuertos son exclusivas del Estado. Aunque las comunidades autónomas tienen ciertas competencias relevantes para la actividad aeroportuaria y el transporte aéreo, Aena aclara que esto no significa que puedan asumir la gestión de los aeropuertos, lo cual es de su competencia exclusiva.
No obstante, Aena reconoce que las comunidades autónomas pueden participar en la toma de decisiones sobre aeropuertos, siempre que se ajusten al marco normativo actual, el cual no contempla la creación de un comité de coordinación como lo propone la ley aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares.
