Acusación contra líderes de ETA
Cinco exjefes de la organización terrorista ETA se enfrentarán a un juicio por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Gregorio Ordóñez, quien fue líder del Partido Popular (PP) en San Sebastián, en 1995. La Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión para los acusados, Ignacio Gracia Arregui (conocido como Iñaki de Rentería), Miguel Albisu (Mikel Antza), José Javier Arizcuren (Kantauri), Julián Achurra (Pototo) y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza).
Contexto del asesinato
Ordóñez fue asesinado el 23 de enero de 1995 por el comando Donosti, convirtiéndose en la primera víctima política significativa seleccionada por la cúpula de ETA como parte de su estrategia de desestabilización. Seis meses antes, el PP había logrado ganar las elecciones europeas en San Sebastián y, en octubre de 1994, también las elecciones autonómicas vascas, superando a otros partidos como el PNV y Herri Batasuna.
Estrategia de desestabilización de ETA
En el escrito de acusación presentado el 27 de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se detalla que Ordóñez fue un objetivo seleccionado en el marco de una nueva estrategia impulsada por la banda tras la caída de su cúpula en Bidart, Francia, en marzo de 1992. Esta estrategia buscaba generar una confrontación constante con el Estado y ampliar el espectro de las víctimas, incluyendo a figuras relevantes en el ámbito político, académico y mediático, además de las fuerzas de seguridad.
Testigos y antecedentes del juicio
Entre los testigos que comparecerán en el juicio se encuentran la viuda y la hermana de Ordóñez, así como compañeros de partido y un miembro arrepentido de ETA, Valentín Lasarte. Este juicio marca un hito, ya que es la primera causa que llega a los tribunales relacionada con excabecillas de ETA, en el marco de una serie de acciones impulsadas por Dignidad y Justicia, una asociación de víctimas del terrorismo.
Situación actual de los acusados
Los cinco acusados, cuya edad oscila entre 63 y 70 años, están en libertad, excepto José Javier Arizcuren, quien se encuentra en prisión, aunque con un régimen que le permite salir diariamente gracias a la ley penitenciaria. La Fiscalía ha presentado su acusación por asesinato consumado con alevosía, y se espera que el juicio arroje nuevos datos sobre las decisiones tomadas por la cúpula de ETA en aquellos años.
Según informes de diversos medios, esta causa representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo en España.
