Demandas de reforma en la Ley de Extranjería
El Partido Popular (PP) ha exigido cambios en la Ley de Extranjería para reforzar el control en la frontera antes de aceptar la llegada de menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta. La situación en esta ciudad ha pasado de tener 180 menores a más de 1.000 en pocas semanas, lo que representa un incremento del 3.400% en su capacidad ordinaria.
Desbordamiento de recursos en Ceuta
Ceuta ha enfrentado un colapso en sus recursos destinados a la atención de menores extranjeros, lo que ha llevado a la instalación de literas de emergencia y la habilitación de un colegio para acoger a cerca de un centenar de niñas. Según Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, la cifra actual de menores asciende a 1.017, aunque se estima que podría llegar a más de 1.100 debido a la presencia de miles de personas en la ciudad.
Desde el 25 de julio, 668 menores han ingresado al sistema, mientras que la capacidad oficial asignada por el Gobierno a Ceuta es de solo 29 plazas, lo que refleja una ocupación del 3.407% por encima de lo permitido.
Conflictos políticos en la redistribución de menores
El PP ha señalado que la Ley de Extranjería obliga a las comunidades autónomas a recibir a los menores asignados y ha manifestado su intención de cumplir con esta normativa. Alma Ezcurra, representante del PP, ha criticado la falta de control en la frontera y ha pedido un reparto más equitativo y planificado de los menores, subrayando que no es adecuado discutir sobre la distribución sin datos oficiales.
Desde la dirección nacional del PP, se enfatiza que, antes de abordar la redistribución territorial, el Gobierno debe fortalecer la legislación y garantizar la seguridad en la frontera para evitar que se convierta en un «coladero». Uno de los aspectos cuestionados es la disposición que permite trasladar a personas indocumentadas sin una verificación clara de su edad, lo que podría poner en riesgo a otros menores.
Desigualdades en el reparto entre comunidades autónomas
El PP también ha denunciado un trato desigual en la distribución de menores, alegando que comunidades como Cataluña y el País Vasco han quedado excluidas del reparto obligatorio, a pesar de que se les asignó una cuota de cero. Esta situación se agrava con la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que establece criterios que favorecen a estas comunidades en detrimento de otras.
La financiación del mantenimiento de los menores desde su llegada hasta su emancipación es otro punto de crítica del PP. La ley requiere una financiación «suficiente» y asigna un fondo de 100 millones de euros para el año 2025, destinado a compensar los costes adicionales que surgen por la sobreocupación de menores trasladados desde otras comunidades.
Según informó EL ESPAÑOL, la gestión de esta crisis migratoria en Ceuta sigue siendo un reto significativo, en medio de una creciente presión política y social sobre el Gobierno central.
