Denuncia ante la Fiscalía
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevará a cabo una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid en relación con la adquisición de un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí. Esta acción tiene como objetivo investigar posibles delitos de prevaricación administrativa o malversación relacionados con la compra realizada por el consejo de administración de la empresa pública Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P.S.A.
Solicitud de documentación
Óscar López, secretario general del PSOE en Madrid y actual ministro de Transformación Digital y de Función Pública, ha informado que también solicitarán a la administración regional la documentación pertinente. Entre los documentos requeridos se encuentran la certificación registral de la propiedad, la copia de la escritura pública de adquisición, y el acta del consejo de administración que autoriza las tasaciones y contratos relacionados con la compra. López ha subrayado que este expediente es «imposible comprender» y ha cuestionado la justificación de la operación por parte de una entidad pública, que además incurrió en el pago de una comisión considerable a una inmobiliaria.
Cambios en la versión oficial
Desde que se hizo pública la compra del ático, la Comunidad de Madrid ha modificado su versión en varias ocasiones. Según López, inicialmente el gobierno regional justificó la adquisición como una oficina temporal para la presidenta de la Comunidad, mientras se llevaban a cabo reformas en la Real Casa de Correos. Sin embargo, al considerar que esta explicación era insostenible, el ejecutivo madrileño anunció que el inmueble sería vendido para destinar los fondos a ayudar a las zonas afectadas por incendios, una afirmación que también ha sido puesta en duda por el ministro.
Responsabilidad compartida
López también ha criticado la reciente comparecencia de prensa de Isabel Díaz Ayuso, en la que la presidenta madrileña descargó la responsabilidad de la compra en el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. En opinión de López, esta situación evidenció la falta de claridad en la gestión y las decisiones tomadas en torno a este asunto. García Martín, en su intervención, ofreció la versión más reciente, afirmando que la compra del ático se había realizado para que fuera la residencia oficial de Ayuso, algo que contraviene la normativa urbanística vigente, que prohíbe su uso como oficina.
Transparencia en la adquisición
Respecto a la necesidad de una residencia oficial para la presidenta, López ha señalado que, de ser necesario, Ayuso debería proceder de manera transparente y a través de los canales adecuados. «Lo que no puede hacer es hacerlo a escondidas, en un procedimiento ilegal, completamente ilegal», concluyó el ministro. Esta situación ha suscitado un debate sobre la adecuada gestión de los recursos públicos y la transparencia en las decisiones del gobierno regional.
Según informó el medio, estas acciones reflejan la creciente tensión política en la Comunidad de Madrid en torno a la gestión de bienes públicos y la rendición de cuentas por parte de sus autoridades.
