Disminución drástica de viajeros
La alta velocidad en España ha registrado una pérdida de tres millones de pasajeros hasta junio de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Este descenso marca un hito negativo en la historia del servicio, que en el pasado se consideraba un emblema del transporte y la economía nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer semestre de 2026, el número de usuarios de servicios de larga distancia, incluyendo Avant y otros trenes, disminuyó un 14,3% respecto al mismo lapso del año anterior. Si se analiza específicamente la alta velocidad, el retroceso fue del 15,5%.
Un cambio en la tendencia histórica
Desde su inauguración el 14 de abril de 1992, la alta velocidad en España había mantenido una tendencia al alza en número de pasajeros, salvo en años con caídas leves. Hasta ahora, el peor dato se había registrado en el primer semestre de 2005, con una disminución del 4,7%. En 2026, el total de pasajeros en larga distancia se situó en 22,1 millones, lo que representa una disminución de 3,7 millones en comparación interanual, mientras que en alta velocidad se contabilizaron 18,3 millones de usuarios, 3,3 millones menos que en 2025.
Reacciones oficiales ante la crisis del servicio
Estos resultados contrastan con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien en agosto de 2024 afirmó que «nunca ha habido un mejor servicio ferroviario» en España y prometió que los próximos cinco años serían «sencillamente espectaculares». Sin embargo, un año después, Renfe anunció la suspensión de los trenes AVLO de bajo coste en la línea Madrid-Barcelona, una decisión derivada de los problemas de entrega y las fisuras en varios convoyes, lo que llevó a un aumento en el precio medio del AVE.
Impacto del accidente de Adamuz
El accidente en Adamuz, que el 18 de enero de 2026 resultó en la muerte de 46 personas, afectó significativamente la percepción de seguridad en la red ferroviaria. Tras este siniestro, se llevaron a cabo obras de reparación que cerraron el corredor Madrid-Andalucía durante aproximadamente un mes. Además, se impusieron limitaciones de velocidad que incrementaron los tiempos de viaje entre Madrid y Barcelona, reflejando la gestión problemática del Ministerio de Transportes tras el accidente.
La velocidad máxima en ciertos tramos se redujo dos días después del accidente, a pesar de que los maquinistas habían reportado vibraciones en los trenes durante meses. La falta de inversiones en mantenimiento llevó a una huelga de los trabajadores del sector a partir del 9 de febrero, que solo fue desconvocada tras el compromiso del Ministerio de incrementar la inversión en la red en 1.084 millones de euros entre 2026 y 2030. Además, se implementó una reducción temporal de frecuencias en el corredor afectado, evidenciando el deterioro del servicio y la pérdida de confianza en la seguridad del mismo.
Según informó [medio], esta situación refleja un contexto de crisis en la alta velocidad española, que enfrenta desafíos tanto en la calidad del servicio como en la percepción de seguridad entre los usuarios.
