Convocatoria del juez para la audiencia preliminar
El juez Juan Carlos Peinado ha fijado para el 8 de septiembre de 2026 la audiencia preliminar relacionada con el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez. Gómez enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora solo está acusada de malversación.
Detalles del proceso judicial
Durante esta audiencia, el juez tomará decisiones sobre la apertura del juicio oral. Es importante señalar que ni Gómez ni Álvarez están obligadas a asistir en persona a este evento. La acusación popular ha solicitado penas de 13 años de prisión para Gómez y de 6 años para Álvarez, mientras que tanto la Fiscalía como la defensa abogan por su absolución.
El auto emitido por el juez indica que la audiencia se llevará a cabo a las 18:00 horas en la Sala de Audiencias del juzgado y que las acusadas deberán ser citadas personalmente, aunque no se requiere su presencia física. El objetivo de esta audiencia es permitir que las partes involucradas presenten sus argumentos sobre la necesidad de abrir el juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para llevar a cabo el enjuiciamiento.
Próximos pasos en el proceso
Una vez concluida la audiencia preliminar, el juez tiene previsto emitir un auto que determine si se procederá o no con el juicio oral. Fuentes jurídicas han indicado que Peinado espera dictar esta decisión antes de su jubilación, programada para el 27 de septiembre de 2023, cuando alcanzará los 72 años y no podrá continuar ejerciendo como juez.
Tras la elevación del caso a la Audiencia Provincial, el tiempo estimado para la celebración del juicio podría variar entre cuatro y ocho meses, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal y la duración de las vistas orales.
Contexto de las acusaciones
La Audiencia Provincial ha determinado que tanto Gómez como Álvarez deben ser juzgadas en un tribunal con jurado, aunque ha sobreseído los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, el empresario Juan Carlos Barrabés ha sido separado del procedimiento para que se investigue por separado la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.
En este contexto, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez han solicitado su absolución, apoyadas por la Fiscalía, que no ha encontrado pruebas de un delito, mientras que la acusación popular, representada por Hazte Oír, ha solicitado penas significativas para ambas involucradas.
Según informó EFE, este caso se encuentra en una etapa crucial que determinará las siguientes fases del proceso judicial.
