El número de víctimas mortales en Venezuela a raíz de los terremotos ocurridos el 24 de junio ha llegado a 6.301, tras un incremento de 176 fallecidos desde el último informe. Esta información fue proporcionada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también es hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además, se ha reportado que 73.356 personas han recibido atención médica en los hospitales del país.
Rodríguez manifestó que el Gobierno ha facilitado 287 viviendas a las personas afectadas por los seísmos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, y que causaron estragos principalmente en el estado La Guaira. Asimismo, se han evaluado 53.314 viviendas en la región, de las cuales 31.336 han sido consideradas habitables, 12.411 presentan restricciones y 9.567 se encuentran en «alto riesgo».
Propuestas para mejorar la sismorresistencia
El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha solicitado la actualización de las normas sismorresistentes aplicables a las construcciones y la planificación urbana del país. En una declaración reciente, el presidente del colegio, Enzo Betancourt, propuso la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente que se encargue de analizar las causas de los colapsos y emitir recomendaciones para la mejora de la normativa vigente.
Betancourt resaltó que esta comisión podría contribuir a desarrollar políticas públicas enfocadas en la reducción de riesgos ante desastres, así como en la planificación territorial y la reconstrucción de infraestructuras. La última revisión de las normas sismorresistentes se realizó en 2019, según indicó la organización.
Impacto económico de los terremotos
El Banco Mundial ha estimado que los daños directos causados por los terremotos ascienden a 19.600 millones de dólares. La entidad también advirtió que un proceso de reconstrucción lento podría obstaculizar la recuperación económica de Venezuela en la próxima década.
Según informó [Medio], la situación actual resalta la necesidad urgente de mejorar la infraestructura y la planificación urbana en el país, a fin de mitigar el impacto de futuros desastres naturales.
