Deficiencias en el cálculo de pensiones públicas
El vicepresidente de la Fundación AXA ha advertido sobre la importancia de los cálculos matemáticos en las leyes que regulan las pensiones públicas, enfatizando que cada componente de estas fórmulas puede influir en los derechos económicos de millones de ciudadanos. Por lo tanto, estas fórmulas deberían ser objeto de revisión minuciosa, al igual que el texto legislativo.
Errores históricos en la legislación
Un análisis de las fórmulas utilizadas para determinar la base reguladora de las pensiones de jubilación revela dos episodios significativos. El primero data de 1997, cuando se identificó un error matemático en la Ley 24/1997, que modificó el artículo 162.1 de la Ley General de la Seguridad Social. La norma estipulaba que el cálculo de la base reguladora debía realizarse usando las bases de cotización de 180 mensualidades, de las cuales las 24 más recientes se computarían a su valor nominal, mientras que las 156 anteriores debían ajustarse al índice de precios.
No obstante, la fórmula publicada no cumplía correctamente con esta directriz, ya que omitía la base correspondiente al mes 25 en su sumatorio. En total, la fórmula sumaba 179 bases, en vez de las 180 requeridas. Esta omisión implicaba una reducción en la base reguladora que, aunque parecía mínima, podía tener un impacto significativo en las prestaciones económicas a largo plazo.
Correcciones tardías y sus implicaciones
La situación se corrigió parcialmente unos meses después con el Real Decreto 1647/1997, que ajustó la fórmula para que comenzara en el mes 25. Sin embargo, esta modificación no se reflejó en el texto legal original, lo que generó confusión durante más de doce años, tiempo en el cual coexistieron fórmulas incorrectas y correctas.
Problemas en la fórmula de 2023
En 2023, el Real Decreto-ley 2/2023 introdujo una nueva fórmula que, aunque no presenta las mismas omisiones que la de 1997, también presenta deficiencias. En su forma final, la fórmula considera 348 meses y excluye las 24 bases más bajas, utilizando las 324 restantes con un divisor de 378. Sin embargo, hay ambigüedades en la definición de variables y el manejo de las bases, lo que complica la comprensión del cálculo.
Una de las principales críticas es que la fórmula no establece de manera clara la operación fundamental del nuevo sistema: ordenar las 348 bases y seleccionar las 324 más altas. Para interpretar correctamente el cálculo, es necesario realizar múltiples operaciones que no están expresadas de forma sencilla.
Falta de validación técnica
La aprobación del decreto-ley eludió ciertos procedimientos de consulta pública y no se ha documentado una validación matemática específica. Aunque la convalidación parlamentaria actuó como un control político, no se llevó a cabo una auditoría técnica exhaustiva de los cálculos y sumatorios utilizados.
Los dos episodios, aunque distintos, comparten una debilidad crítica: la ausencia de un proceso público y riguroso para la validación matemática de las leyes. Cuando las fórmulas influyen en prestaciones económicas, es fundamental que se sometan a controles detallados antes de su promulgación.
La seguridad jurídica de las pensiones depende no sólo de la precisión matemática, sino también de la claridad en la definición de las variables y la correcta ejecución de los cálculos involucrados.
Según informó un análisis reciente, estos errores y deficiencias en la formulación de las leyes de pensiones podrían tener repercusiones significativas en la vida de quienes dependen de estas prestaciones.
