El 3 de febrero de 2007, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en un evento celebrado en el Polideportivo de la Universidad Carlos III en Leganés, Madrid, que sería «inflexible» en su lucha contra la corrupción urbanística. Sin embargo, en el mismo periodo, se descubrió que la trama del caso Azud había financiado gastos asociados a la campaña electoral del PSPV en 2007, alcanzando un total de 484.480,46 euros. Esta información fue revelada en el auto de procedimiento abreviado emitido por la juez del Juzgado de Instrucción Número 13 de Valencia, quien está al frente de la investigación, según informó OKDIARIO.
Detalles del caso Azud
El caso Azud investiga una red de corrupción que presuntamente pagaba sobornos a cambio de beneficios urbanísticos. Las pesquisas iniciaron en el Ayuntamiento de Valencia, donde se sospechaba de comisiones ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos de obra pública, incluyendo la creación de facturas falsificadas. Con el tiempo, la investigación se amplió a otras áreas.
Contexto político y personajes implicados
Durante el acto en Leganés, Zapatero elogió a Carmen Alborch, quien fue candidata a la alcaldía de Valencia en 2007 y falleció en 2018. Alborch encabezaba una lista que incluía figuras como José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, y Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno en Valencia.
Rubio es uno de los 38 individuos bajo investigación en el marco del caso Azud. Ocupaba el segundo lugar en la lista electoral encabezada por Alborch.
Comisiones y beneficios para el PSOE
Según la juez, las comisiones pagadas al abogado José Luis Vera, vinculado al PSOE de Valencia, tenían como objetivo asegurar recursos hídricos del Programa de Actuación Integrada (PAI) en la localidad de Jijona, Alicante. Esta operación involucró a Aquamed, una entidad estatal, que a través de su alto directivo Joan Navarro, facilitó la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Jijona para el suministro de agua.
La magistrada también señala que la participación de Aquamed, que resultó «altamente beneficiosa» para el empresario Jaume Febrer, se tradujo en el compromiso del Estado de cubrir los gastos de ampliación de una desaladora, lo que a su vez implicó un pacto con el PSOE para el abono de 484.480,46 euros a cinco empresas encargadas de la campaña electoral del PSOE en 2007.
